Programa de Vigilancia Territorial de FEDIQUEP

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En la Amazonía Norte del Perú, en el territorio Achuar, Quechua y Urarina de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, se ha extraído petróleo desde principios de la década de 1970. Los bloques petroleros 1AB y 8 (primero operados por Occidental Petroleum Corporation -Oxy- y Petroperú, luego transferidos a Pluspetrol Corporation SA en 1996 y 2001), se superponen completamente a sus territorios ancestrales, y son los proyectos petroleros más largos y más productivos del país en toda su historia. En 1982, el área ya llegó a generar el 65% de la producción nacional. Paralelamente, esta actividad generó severos daños, y ya en 1984, ONERN (organismo estatal encargado de la gestión de los recursos naturales), calificaba la región como "una de las zonas ambientales críticas más dañadas del país" (ONERN 1984). En 1998 el propio Ministerio de Energía y Minas (MEM 1998) revelaba altas concentraciones de hidrocarburos, bario, plomo y cloruros en los análisis de agua superficial e informaba de la "presencia de petróleo, grandes manchas y manchas delgadas en la superficie los ríos, así como los solos ". Según informes del propio Ministerio de Salud peruano (2006), alrededor del 99% de la población Achuar que habita en esta zona tiene niveles peligrosos de cadmio o plomo en sangre, un metal pesado asociado con la explotación petrolera. Este proyecto tiene como objetivo mapear los vertidos de crudo pasados ​​y presentes provocados por la industria de extracción de petróleo durante más de cuarenta años, en una zona habitada en su mayoría por los pueblos indígenas Achuar y Quechua. El objetivo es facilitar la información al gobierno de Perú y a la sociedad civil nacional e internacional para impulsar que tanto el Estado peruano y como las empresas petroleras tomen las medidas necesarias para mitigar los impactos ambientales y de salud relacionados con la extracción de petróleo. Desde 2006, la Federación Indígena Quechua del Pastaza, cuenta con un equipo de monitores indígenas, originarios y elegidos por las comunidades nativas, que utiliza dispositivos GPS y cámaras digitales para recoger la información esencial sobre los derrames de petróleo. Estas evidencias se mandan a las autoridades nacionales competentes para exigir la remediación de los derrames, el cambio de los procedimientos operativos o incluso la ejecución de los programas de atención de salud.